NOVEDADES-ALAP #3
Migración en Centroamérica: fuerte impacto de las políticas migratorias estadounidenses sobre una realidad compleja
Jorge Martínez Pizarro, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía
Noviembre 2020
Centroamérica vive desde hace décadas una época de muchas tensiones sociales, económicas y políticas que se reflejan en sus procesos migratorios. Los países que componen la región (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), alcanzan en la actualidad una población de 47,8 millones de personas y se espera que esa población continúe creciendo hasta alcanzar un máximo de 72 millones de habitantes en 2075 (Naciones Unidas, 2017), con un crecimiento muy superior al promedio de América Latina y el Caribe.
Es una población en proceso de transformación en su dinámica y estructura, aunque con fuertes disparidades entre los países que componen la subregión. El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua tienen poblaciones más jóvenes que Costa Rica y Panamá, al tiempo que exhiben mayores cuotas de pobreza. Justamente en esos cuatro primeros países se aprecia un persistente comportamiento emigratorio, en especial hacia los Estados Unidos, lo que constituye una fuente de enormes riesgos de vulneración de derechos en las travesías, tránsito, espera, detenciones y deportaciones.
Estados Unidos sigue siendo el principal destino de la migración centroamericana
Es especialmente preocupante el contexto en que se presenta la migración en los países del norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras). Allí suele asumir la forma de una trayectoria forzada, sin opciones de permanencia en las comunidades de origen, lo que propicia el desarraigo y la búsqueda de refugio. Muchos de estos migrantes enfrentan adversidades extremas en sus comunidades de origen y luego en sus viajes, en su inserción en los Estados Unidos, así como en el tránsito por México.
Los factores que explican la emigración son variados y no pueden realizarse simplificaciones. Van desde la insuficiente capacidad productiva de los países emisores, los efectos del cambio climático sobre extensos territorios, hasta la violencia y la inseguridad tan tristemente destacada en los medios. También las redes sociales, que facilitan nuevas migraciones y búsquedas de refugio con las llamadas caravanas de migrantes como su expresión más descarnada, son elementos que contribuyen a explicar los procesos migratorios y sus escala y composición. Es ilustrativa la pobreza en países de origen como Honduras y Guatemala, con índices cercanos al 70% que se exacerba en las zonas rurales, sometidas además a los efectos de sequías e inseguridad alimentaria y los niveles de violencia expresados, por ejemplo, en las mayores tasas de feminicidios de América Latina y el Caribe.
Con tendencias sujetas a crisis de gobernabilidad y a los vaivenes económicos en los países de origen, así como a la crisis sanitaria desatada por la pandemia, Estados Unidos sigue siendo el principal destino de la emigración centroamericana. Desde 2015 y hasta mediados de 2017, la población de estos países centroamericanos residente en los Estados Unidos creció más de 35%, alcanzando un volumen de más de 3,5 millones de personas, cifra que ha permanecido relativamente constante hasta 2019.
En esta migración destaca el perfil predominantemente masculino y joven, con un 28% de los migrantes menores de 20 años. A lo anterior se suman los bajos niveles de escolaridad, situación que contrasta con la inmigración proveniente de otras regiones del mundo. Más de la mitad de los migrantes centroamericanos en los Estados Unidos no tienen preparatoria completa (High School). La motivación de la migración de los centroamericanos es marcadamente laboral y económica. De hecho, en los Estados Unidos cerca del 87% de ellos son personas en edad de trabajar, un porcentaje mayor al de los colectivos de inmigrantes hacia Estados Unidos procedentes de otras regiones, lo que revela una contribución innegable a la economía y sociedad estadounidense.
Si bien no existe aún información para evaluar el impacto de la crisis sanitaria sobre las tendencias de la migración desde el norte de Centroamérica, es de presumir que ha sido profunda. No se trata solo del cierre de fronteras y la inmovilización de los proyectos migratorios y de retorno espontáneo, sino de la catástrofe sanitaria, social y económica que seguramente ha afectado a los inmigrantes y a sus familias en el origen.
Las políticas migratorias estadounidenses tienen fuertes consecuencias sociales
La política restrictiva y las deportaciones masivas del gobierno de Estados Unidos a partir de la segunda mitad de la década pasada, tuvieron graves consecuencias sobre las comunidades y familias de los migrantes. Entre 2007 y 2016 fueron deportados más de 840 mil migrantes provenientes de los países del norte de Centroamérica. La situación se agrava dada la débil capacidad de respuesta de las autoridades de los países de origen para atender las necesidades de los retornados, muchos de los cuales han estado largos períodos en el exterior y con rupturas de lazos familiares.
Si bien los gobiernos han puesto en práctica iniciativas para atender la situación de retorno forzado, buscando facilitar su reinserción laboral y social, existen nuevas necesidades (como las de apoyo psicosocial) que requieren más recursos, considerando además la situación provocada por la pandemia.
En los últimos años se ha incrementado el flujo de migrantes centroamericanos en tránsito por México, en condiciones de alta vulnerabilidad y exposición a diversos peligros, como el accionar de las bandas organizadas de tráfico de personas que aprovechan la situación para extorsionar a los migrantes en sus rutas hacia el norte. Resulta particularmente alarmante el aumento de la cantidad de menores de edad no acompañados en tránsito por México.
Los volúmenes más altos de remesas que se hayan registrado
Los países de origen reciben importantes flujos financieros (remesas) que, en algunos casos, son claves para la economía doméstica y los equilibrios de la balanza de pagos. En 2019, las remesas a Centroamérica superaron por primera vez los 24 mil millones de dólares. La importancia económica de estos flujos financieros para cada país depende de su base económica y productiva. En 2019, las remesas representaron el 21% del PIB en Honduras y El Salvador, el 14% en Guatemala y el 13% en Nicaragua (Gráfico 2)
En los tres casos la incidencia de las remesas verifica una tendencia al alza respecto de años anteriores. Los altos índices de pobreza y vulnerabilidad de estos países demuestran que la mayor importancia relativa de las remesas no trae consigo un gran alivio a esas situaciones, ya que en Centroamérica existen profundas limitaciones estructurales, caracterizadas por una débil e insuficiente base económico-productiva. A su vez, esa situación es la que hace que algunos de estos países sean extremadamente dependientes del flujo continuo y recurrente de remesas. A esto se suma una limitada capacidad para transformar su base económica que permita impulsar un proceso sostenido y sustentable de desarrollo social y de transformación productiva.
En ese escenario, las estimaciones para 2020 no son alentadoras. Si bien es necesario un horizonte temporal mayor para extraer conclusiones, hasta junio de este año se observaban caídas importantes en los montos transferidos, afectando, seguramente, a numerosas familias y comunidades enteras.