NOVEDADES-ALAP #6
Desigualdades Preexistentes y Contingentes: Impactos del COVID-19 en las Poblaciones Migrantes y Refugiadas en América del Sur1
Gisela P. Zapata, Universidade Federal de Minas Gerais2
Victoria Prieto Rosas, Universidad de la República2
Mayo 2021
En este artículo nos centramos en los desafíos estructurales y contingentes que la crisis impone a las poblaciones vulnerables. Desarrollamos una evaluación sistemática de las condiciones de vida pre-pandemia de las poblaciones de migrantes y refugiados3, combinando el análisis de microdatos de censos y encuestas de hogares, con evidencia cualitativa de la respuesta político-institucional al COVID-19 adoptada por seis países sudamericanos: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Argumentamos que los migrantes han estado particularmente expuestos a los efectos nocivos de la pandemia dada la precariedad de su incorporación a los mercados laborales y sistemas de protección social de la región.
Desigualdades y vulnerabilidades preexistentes
Al comienzo de la pandemia, las economías sudamericanas con excepción de la colombiana se estaban desacelerando (Tabla 1: A) y la economía informal absorbía a más de la mitad de los trabajadores en Colombia, Ecuador y Perú (Tabla 1: B). A pesar de la reducción de la pobreza lograda por la región en la última década, el 40% de la población sigue atrapada en un círculo vicioso de vulnerabilidad social: empleos poco cualificados con protección social parcial o nula e ingresos inestables. Aunque la participación de la población migrante varia ampliamente en los países de la región (Tabla 1: C), un número cada vez mayor de migrantes intrarregionales huye de los mercados laborales precarios de sus contextos de origen, para incorporarse a nuevos mercados laborales de la región, también precarios. La tasa de desempleo de los inmigrantes antes de la pandemia era, en promedio, el doble que la de la población no migrante. Un caso extremo es el peruano, donde el desempleo era cuatro veces mayor entre los inmigrantes (Tabla 1: D). No obstante, la heterogeneidad que rige el panorama demográfico y social latinoamericano también está presente cuando se analiza a la inmigración según orígenes y contextos de acogida. Por ejemplo, los inmigrantes venezolanos fueron el grupo más vulnerable – en términos de inclusión en el mercado laboral y el acceso a la vivienda – en Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. A su vez, los haitianos y cubanos fueron, respectivamente, los más vulnerables en Chile y Uruguay (Tabla 1: E). La particular vulnerabilidad de los migrantes de estos tres orígenes está relacionada con los rasgos comunes que comparten: haber llegado a estos destinos en gran número, en un corto período de tiempo, huyendo de contextos de crisis sociopolíticas o ambientales.
No era de extrañar entonces que esta precaria incorporación social, junto con actitudes negativas hacia los trabajadores inmigrantes, se aprecie incluso en países que han implementado, total o parcialmente, una legislación migratoria centrada en el respeto y protección de los derechos humanos (Tabla 1: F y G).
(1) FMI, 2020; (2) Empleo informal como porcentaje del empleo total no agrícola, OIT (2020b); (3) Calculado con base en microdatos del Censo Nacional de Población y Vivienda de Chile de 2017, Censo Nacional de Población y Vivienda de Colombia de 2018, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo de Ecuador de 2019, Censo Nacional de Población de Perú de 2017 y Encuesta Continua de Hogares de Uruguay de 2019; (4) calculado con base en Encuestas de opinión pública del Latinobarómetro: Ronda 2015. Respuestas a la pregunta “los ciudadanos de otros países vienen a competir por nuestros puestos de trabajo”; (5) Zapata y Prieto (2021). A pesar de que Brasil sustituyó recientemente su ley migratoria de la era de la dictadura, su nueva y progresiva ley ha sido reglamentada solo parcialmente; (6) IBGE (2018); (7) Cavalcanti et al. (2019); (8) Simões et al. (2017).
Nota: (*) El número estimado de migrantes proviene de encuestas de hogares y excluye a las personas que viven en viviendas colectivas, por lo que el tamaño real de esta población puede ser mayor.
Impactos de la pandemia en las poblaciones migrantes latinoamericanas
A mediados de marzo de 2020, la mayoría de los países de la región habían militarizado y/o cerrado las fronteras a los no ciudadanos y no residentes. Esto supuso una suspensión del derecho humano a la libertad de movimiento, la suspensión o retraso de los procedimientos de asilo, solicitudes de visado y permisos de residencia, lo que ha complicado aún más el acceso de los migrantes a la documentación y sistemas de protección social.
Dada la alta concentración de migrantes en ocupaciones de servicios (informales) que exigen una exposición continua al público, las políticas de distanciamiento físico hacen que estas poblaciones estén entre las más afectadas por la pandemia. Hacia mayo de 2020, la OIT estimaba que los ingresos de los trabajadores informales en América Latina habrían disminuido un 81% durante el primer mes de la crisis. Además, la mayoría de los migrantes en las ciudades sudamericanas residen en viviendas colectivas superpobladas y a menudo precarias, habitaciones alquiladas o asentamientos informales, condiciones que incrementan los riesgos de contagio y restringen las capacidades de adoptar las medidas de distanciamiento físico4. Si bien prácticamente todos los países latinoamericanos, con excepción de México, han adoptado o reforzado programas de transferencias no contributivas para mitigar los efectos de la pandemia entre las poblaciones más vulnerables, el acceso a estas prestaciones está condicionado a la situación documental de las personas migrantes – excepto en Brasil y Uruguay – o incluso restricto a la población nacional, en el caso de Ecuador5.
El COVID-19 también ha puesto en primer plano la cuestión del acceso y la cobertura de los sistemas sanitarios. En Brasil, Ecuador y Uruguay, el acceso de los migrantes al servicio nacional de salud está garantizado por la Constitución, independientemente de su situación legal. En cambio, Colombia y Perú limitan el acceso en función de la situación legal de los inmigrantes, mientras que Chile presenta deficiencias sistemáticas en el acceso y el uso de atención médica por parte de los inmigrantes, en comparación con los nativos. Además, la fragilidad histórica de los sistemas de salud de la región hace que, aunque muchos países se comprometan a ofrecer una cobertura sanitaria universal, en la práctica solo se ofrece una cobertura parcial.
Como se ha documentado ampliamente, las crisis tienden a aumentar el sentimiento anti-inmigrante. Esta crisis en particular no parece ser diferente. Haciendo eco de las dinámicas observadas alrededor del mundo, son crecientes las expresiones de racismo social e institucional, la discriminación y la xenofobia contra los migrantes en Chile, Ecuador, Perú y Brasil.
Por último, la fuerte recesión económica prevista podría reducir las remesas significativamente, lo que agravará los desafíos económicos en una región donde muchos hogares dependen de éstas para su subsistencia, especialmente en la región andina y Venezuela.
A modo de síntesis
Las desigualdades y vulnerabilidades estructurales y contingentes puestas al descubierto por la pandemia del COVID-19 pueden acelerar los procesos que conducen a la vulnerabilidad y la exclusión social. Las poblaciones con menores ingresos pueden ser, una vez más, las más afectadas por la crisis, pero los migrantes y los refugiados están especialmente expuestos a los efectos nocivos de la pandemia, dada su incorporación segmentada a mercados laborales precarios, su limitado acceso a los derechos de salud, vivienda y protección social en general. Debe recordarse que en la mayoría de los países de la región la documentación es aún un pasaporte necesario para el pleno ejercicio de estos derechos.
Además, la respuesta adaptativa típica del retorno o la reemigración no está al alcance de todos, ya que la respuesta político-institucional a la pandemia por parte de los países sudamericanos ha producido un escenario de inmovilidad con nuevas formas de movilidad, con fronteras militarizadas/cerradas y migración irregular como consecuencia de la suspensión de los procedimientos migratorios y de asilo en algunos países de la región. Por el momento, parece que estos elementos pueden confluir para un escenario con creciente incertidumbre acerca del futuro de los flujos migratorios intra e interregionales y su gobernanza.
1 Una versión anterior y más extensa de este artículo fue publicada como: Zapata, G. P. and Prieto Rosas, V. (2020) ‘Structural and Contingent Inequalities: The Impact of COVID-19 on Migrant and Refugee Populations in South America’, Bulletin of Latin American Research, 39(S1), pp. 16–22.
2 Las ideas discutidas en este artículo son parte de un proyecto en curso, regional e interdisciplinario liderado por el Grupo de Investigación ‘Análisis Comparado sobre Migración y Desplazamiento Internacional en las Américas’ (CAMINAR).
Web: https://www.caminaramericas.org/ Twitter: @CaminarAmericas
3 En adelante se hace referencia a poblaciones migrantes incluyendo bajo este término a migrantes, refugiados y solicitantes de refugio.
4 Bengochea, J., Cabezas, G., Gandini, L., Herrera, G., Luzes, M., Montiel, C., Prieto, V., Vera Espinoza, M. y Zapata, G. P. (2020). COVID-19 y población migrante y refugiada. Análisis de las respuestas político-institucionales en ciudades. En VERA, F. y ADLER, V. (eds.) Inmigrando: Fortalecer ciudades destino, Vol. 2. Buenos Aires: BID [en prensa].
5 Vera Espinoza, M. Prieto Rosas, V., Zapata G.P. et al. (forthcoming) ‘Migrants and Refugees in Latin America during COVID-19: An Inclusion/Exclusion Spectrum of Social Protection’, Comparative Migration Studies.